En la actualidad se generan nuevas formas de relación entre el gobierno y los ciudadanos, de esta manera se compromete voluntariamente y de manera corresponsable la actividad gubernamental y la participación ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones y en la demanda de los derechos fundamentales de la población.

 

 

Mediante este modelo, una de las formas de participación de la ciudadanía es la Contraloría Social, la cual se entiende como el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.

 

 

La Contraloría Social tiene la misión de lograr que gobierno y ciudadanía trabajen de forma corresponsable en la vigilancia y evaluación de la gestión pública, como mecanismo idóneo de control preventivo. Esta vigilancia resulta particularmente relevante en la aplicación de recursos y operación de programas de desarrollo social, para garantizar que sus beneficios lleguen íntegramente a la población objetivo y evitar su utilización en favor de intereses ajenos al beneficio común.